Empleo Público: Claves, Derechos y Acceso

El empleo público constituye la columna vertebral de la administración de un país, garantizando la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía y la ejecución de las políticas públicas. Las relaciones entre el Estado y sus servidores están reguladas por marcos legales específicos que varían según el país, pero que comparten el objetivo fundamental de asegurar la profesionalidad, la imparcialidad y la eficiencia en el servicio a la sociedad. Conocer estos marcos legales es crucial tanto para quienes ya forman parte de la administración como para aquellos que aspiran a ingresar a ella.

A continuación, exploraremos algunos de estos marcos legales, centrándonos en la información proporcionada sobre las normativas de empleo público en diferentes países, sus alcances, los derechos y deberes de los funcionarios, y los mecanismos de acceso a través de las ofertas de empleo.

La Ley 18834: El Estatuto Administrativo en Chile

En Chile, una de las normativas fundamentales que regula el empleo público es la Ley 18834, conocida como Ley de Estatuto Administrativo. Este decreto con fuerza de ley, emitido por el Ministerio de Hacienda en 2004 y publicado en 2005, establece el marco legal que rige las relaciones entre el Estado y los trabajadores del sector público.

Su ámbito de aplicación abarca a los empleados de nómina fija y bajo contrato en Ministerios, Intendencias, gobernaciones, y servicios públicos centralizados y descentralizados. Esta ley es un referente clave para el sistema judicial chileno en la resolución de procesos administrativos, denuncias y reclamos laborales de empleados públicos, desde disputas por remuneraciones o pensiones hasta despidos, sanciones, temas de fuero maternal, discriminación o acoso laboral. También tiene implicaciones importantes para los ciudadanos que interactúan con los funcionarios públicos, al fijar pautas de actuación y eficiencia.

Derechos de los Funcionarios Públicos Chilenos

La Ley 18834 reconoce diversos derechos a los empleados del Gobierno, organizados en varias categorías:

• Derechos vinculados con la Carrera Funcionaria: Este sistema busca garantizar la estabilidad del empleo, la igualdad de oportunidades para ingresar y ser calificado, los ascensos basados en mérito y antigüedad, y la capacitación del empleado.
• Derechos de Seguridad Social: Incluyen el disfrute de permisos, remuneraciones y subsidios derivados de la seguridad social, como los relacionados con maternidad (prenatal, post natal, post-parental), asignaciones familiares y por nacimiento, seguros y subsidios por accidentes laborales (contemplados en la Ley de Accidentes del Trabajo), y la declaración de irrecuperabilidad.
• Derechos de tipo Social o Familiar: Garantizan el disfrute de feriados, licencias médicas, permisos administrativos, y otras prestaciones como las remuneraciones del último mes de salario para la familia directa (cónyuge, padres, hijos) en caso de fallecimiento del empleado.
• Derechos de tipo Económico: Contemplan el derecho a percibir remuneraciones a tiempo y puntuales, así como a las asignaciones y bonificaciones que por ley correspondan a cada funcionario público.
• Derechos a asociarse en gremios: Cada empleado público tiene el derecho fundamental a formar parte de organizaciones gremiales y asociaciones que defiendan sus intereses.

Deberes y la Probidad Administrativa en Chile

Además de los derechos, la Ley 18834 establece claros deberes para todo empleado público, independientemente de su cargo. Estos se dividen en:

• Deberes positivos (obligaciones de hacer): Establecidos en el artículo 61, incluyen realizar el trabajo personal y continuamente, atender a los objetivos institucionales y a la buena prestación del servicio, ser amable, cortés, dedicado y eficiente, acatar la jornada laboral y funciones extraordinarias, mantener secreto profesional, no negarse a destinaciones o comisiones, mantener con severidad el Principio de Probidad Administrativa (resaltado en la Constitución Política y la Ley 18.575), tener una vida social acorde al cargo, mantener fidelidad y precisión en datos personales, denunciar crímenes o delitos (especialmente si afectan la probidad), y ejercer cabalmente las funciones administrativas y de custodia de fondos o bienes según la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
• Deberes de “No hacer”: Los artículos 84, 85 y 86 prohíben conductas que atentan contra la probidad o implican incompatibilidades. Algunas faltas graves que pueden llevar a la destitución (previa Sumario Administrativo) incluyen utilizar información privilegiada, valerse del cargo para beneficio propio o de terceros, aprovechar bienes o dinero públicos, dedicarse a actividades personales en horas de trabajo con recursos de la entidad, pedir o aceptar ayudas económicas indebidas, intervenir en asuntos con intereses personales o familiares directos, y hacer denuncias falsas sobre probidad.

Acceso y Clasificación del Personal en Chile

El acceso al empleo público en Chile se articula a través de diferentes modalidades. Los funcionarios de planta, aquellos que ocupan cargos permanentes, se clasifican en titulares (ocupan un cargo vacante), suplentes (cubren vacantes, permisos o licencias de titulares) y subrogantes (desempeñan el empleo por ministerio de la ley). A su vez, el personal de planta se clasifica en directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares.

Un funcionario suplente debe ejercer por un mínimo de 15 días. Si ocupa un cargo vacante de un titular, no puede estar como suplente por más de 6 meses, tras lo cual debe buscarse un titular definitivo.

Los empleos a contrata, por otro lado, tienen una duración máxima que vence el 31 de diciembre de cada año, aunque pueden prorrogarse con 30 días de antelación. La cantidad de funcionarios a contrata no puede superar el 20% de los puestos de planta y pueden ser con jornada parcial.

La carrera funcionaria se inicia con el ingreso como titular de un cargo de planta y se extiende hasta cargos jerárquicos por debajo de los de “exclusiva confianza”. Estos puestos se logran a través de concursos.

El proceso de selección mediante concurso implica la formación de un comité que selecciona entre tres y cinco candidatos con los mejores puntajes, preferentemente de la planta interna. Si no hay candidatos idóneos, se consideran contratados o personal de otras instituciones. Si aún así no hay postulantes adecuados, se convoca a un concurso público.

Los requisitos para trabajar en la Administración del Estado en Chile incluyen ser ciudadano chileno (con preferencia sobre extranjeros, salvo conocimientos especiales), tener formación completa (básica y grado profesional/técnico adecuado), haber cumplido la ley de reclutamiento (si aplica), gozar de salud compatible, no tener calificaciones deficientes o sanciones graves que hayan causado cese (salvo 5 años transcurridos), estar habilitado para cargos públicos y no haber sido condenado por crimen o delito.

La jornada laboral ordinaria es de 44 horas semanales, de lunes a viernes, sin exceder las 9 horas diarias. Las horas nocturnas o extras en fines de semana/festivos se compensan con descansos o remuneraciones adicionales.

Como parte del proceso de selección, puede haber un empleo a prueba de 3 a 6 meses, cuya evaluación de desempeño debe realizarse 30 días antes de su fin. Si se supera, el trabajador pasa a ser titular.

Los funcionarios tienen derecho a capacitación permanente y a anotaciones de mérito por desempeño o conducta destacada. El mal desempeño o conducta inapropiada puede acarrear sanciones, desde un llamado de atención hasta la destitución, siendo la Contraloría General de la República el órgano competente para investigar.

La Oferta de Empleo Público (OEP) en España

En España, el acceso al empleo público se canaliza principalmente a través de la oferta de empleo público (OEP), un instrumento de planificación estratégica que expresa las necesidades de recursos humanos de las administraciones públicas. La OEP se configura como una herramienta clave para atraer nuevo talento, establecer el número y perfil de plazas a convocar y orientar los procesos selectivos.

La OEP está ligada a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año y busca alinear los objetivos estratégicos de la Administración con la política de recursos humanos. La OEP para 2023, por ejemplo, continuó la senda iniciada en 2022, enfocándose en agilizar procesos, recuperar empleo, rejuvenecer plantillas, atender sectores deficitarios, impulsar la transformación digital y reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8% (en cumplimiento de la Ley 20/2021).

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 consolidó tasas de reposición (110% general, 120% sectores prioritarios, 125% fuerzas de seguridad), permitió incorporar plazas por nuevos servicios o internalización sin computar en tasa, posibilitó la inclusión de plazas desiertas de años anteriores (hasta 3 años) y la inclusión de plazas de personal interino/laboral temporal nombrado en el año.

La aprobación de la OEP para la Administración General del Estado, organismos públicos y entes estatales corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, basándose en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de Presupuestos.

Criterios Generales de los Procesos Selectivos en España

Los procesos selectivos derivados de la OEP en España se rigen por principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Se busca la eficacia, celeridad, agilización y modernización de los procesos.

• Las convocatorias se ajustan a bases comunes (Orden HFP/688/2017) y a instrucciones para eliminar ciertas causas médicas de exclusión.
• Deben ser informadas favorablemente por la Dirección General de la Función Pública, incluyendo información sobre la composición por sexo de los cuerpos/escalas y previendo una duración máxima de la fase de oposición (no superior a nueve meses, salvo causa justificada), con el primer ejercicio en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria.
• Se puede especificar la distribución territorial de plazas, especialmente para Administración Local con habilitación nacional.
• El desarrollo de diferentes procesos selectivos puede coincidir en el tiempo.
• Los órganos de selección deben publicar un cronograma orientativo y el plazo máximo entre ejercicios es de cuarenta y cinco días naturales. Se busca que la fase de oposición tenga un máximo de cuatro pruebas, incluyendo pruebas prácticas.
• Se utilizan medios informáticos y telemáticos para agilizar convocatorias y procesos, reduciendo cargas administrativas y garantizando accesibilidad universal.
• Se fomenta la descentralización de las pruebas.
• La presentación de solicitudes, subsanación e impugnaciones debe realizarse por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021), pudiendo utilizarse el servicio de inscripción del punto de acceso general (administracion.gob.es/PAG/ips). Se garantiza la protección de datos.
• La información de las convocatorias y procesos se publica en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) y se difunde en administracion.gob.es y otros canales.
• La composición de los órganos de selección tiende a la paridad y respeta la presencia equilibrada de mujeres y hombres, promoviendo la participación de personas con discapacidad. Se publica un breve currículum de los miembros, excluyendo altos cargos, personal eventual y quienes hayan preparado aspirantes recientemente.
• Se aplican principios de agilidad y eficiencia en la actuación de los órganos de selección.
• Se pueden establecer baremos diferentes para hombres y mujeres en pruebas físicas si la naturaleza lo requiere y está justificado.
• Se prevén adaptaciones para aspirantes en situación de embarazo de riesgo o parto.
• Las bases pueden establecer la conservación de la nota de ejercicios (si supera el 60%) para la convocatoria inmediata siguiente, siempre aplicable a personas con discapacidad.
• En la fase de concurso, se valora la experiencia interina o temporal en funciones análogas y, cuando proceda, la experiencia laboral y conocimiento de idiomas en el sector público en el extranjero.
• Los órganos calificadores actúan con transparencia, dejando constancia en actas, difundiendo criterios de valoración y publicando plantillas correctoras.
• Se buscan medidas económicas (ayudas, becas) para facilitar la preparación.
• Al finalizar el proceso, el órgano de selección puede elaborar listas de posibles candidatos para personal interino o temporal, aplicando principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad, profesionalidad e imparcialidad.
• La Secretaría de Estado de Función Pública nombra funcionarios de carrera y asigna destino inicial, publicándolo en el BOE.

Acceso para Personas con Discapacidad en España

En el acceso al empleo público español, se reserva un 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y compatibilidad. De este 7%, un 2% es para discapacidad intelectual y un 5% para cualquier otro tipo de discapacidad. Esta reserva también se aplica en el ámbito de la Administración de Justicia.

Para las personas con discapacidad que lo soliciten, se establecen adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en las pruebas selectivas (incluyendo cursos selectivos o prácticas), permitiendo el uso de prótesis. Las plazas reservadas pueden convocarse junto a las ordinarias o de forma independiente (excepto discapacidad intelectual y promoción interna que suelen ser independientes o conjuntas según el caso), garantizando el carácter individual. Si un aspirante con discapacidad supera los ejercicios pero no obtiene plaza en su cupo, y su puntuación es superior a la de otros del acceso general, se le incluirá en este último por orden de puntuación. Las plazas reservadas que queden desiertas en acceso libre no se acumulan al turno general, pero sí en promoción interna.

La Promoción Interna en España

La promoción interna es un mecanismo que permite a los empleados públicos ascender a cuerpos, escalas o categorías superiores. Se convocan plazas para distintos grupos y subgrupos, pudiendo ser convocadas junto a las de nuevo ingreso o de forma independiente, con criterios de gestión propios.

En la fase de concurso, se evalúan méritos relacionados con la carrera profesional. Se exime de pruebas sobre materias ya acreditadas en el ingreso al cuerpo de origen y los temarios se adaptan para incluir ejercicios prácticos.

El personal laboral fijo que desempeñe funciones de personal funcionario puede participar en estos procesos conjuntamente con el personal funcionario, siempre que cumplan los requisitos (titulación, antigüedad de al menos dos años en el grupo/subgrupo desde el que promociona) y superen las pruebas. Se valora como mérito los servicios efectivos prestados como laboral fijo y las pruebas superadas para acceder a esa condición.

La promoción interna del personal laboral fijo en la Administración General del Estado se rige por el Convenio Único vigente. Se impulsan acciones formativas para la preparación y se pueden implantar medidas económicas para facilitarla.

Breve Mención a la Ley Marco de Empleo Público en Costa Rica

En Costa Rica, la Ley Marco de Empleo Público tiene como objeto regular las relaciones estatutarias de empleo público y empleo mixto entre la administración pública y las personas servidoras públicas. Su ámbito de cobertura es amplio, incluyendo los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, el sector público descentralizado institucional (instituciones autónomas, universidades estatales, Caja Costarricense del Seguro Social, instituciones semiautónomas y empresas estatales) y el sector público descentralizado territorial (municipalidades, ligas de municipalidades, consejos municipales de distrito y sus empresas).

Preguntas Frecuentes sobre el Empleo Público

A continuación, abordamos algunas dudas comunes basadas en la información proporcionada:

Comprender la legislación que rige el empleo público es fundamental para garantizar la transparencia, la equidad y la eficiencia en la administración estatal. Tanto en Chile con su Estatuto Administrativo, como en España con su sistema de oferta de empleo público y en Costa Rica con su Ley Marco, estas normativas buscan asegurar que los servidores públicos cumplan con sus deberes y disfruten de sus derechos, en beneficio tanto propio como, primordialmente, de la ciudadanía a la que sirven.

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