01/12/2018
Una de las preguntas más frecuentes que surge en el ámbito de las profesiones liberales en Argentina es si es legal y éticamente compatible ejercer simultáneamente como abogado y como martillero público. Ambas son carreras que requieren formación específica, matrícula profesional y están reguladas por normativas propias y códigos de ética. A primera vista, podrían parecer actividades independientes, pero al profundizar en sus funciones y el marco legal que las rige, aparecen las complejidades, especialmente en lo que respecta a la posible existencia de conflicto de intereses y las regulaciones profesionales.
¿Qué Implica Ser Abogado y Qué Implica Ser Martillero?
Para entender la posible compatibilidad, es fundamental definir brevemente el alcance de cada profesión. El abogado es un profesional del derecho, cuya función principal es asesorar, representar y defender a personas físicas o jurídicas en asuntos legales, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial. Requiere un título universitario y matrícula en el colegio profesional de la jurisdicción donde ejerce.
Por su parte, el martillero público (o rematador) es un profesional auxiliar del comercio y la justicia, cuya tarea principal es la venta pública al mejor postor de bienes de cualquier clase (muebles, inmuebles, semovientes, etc.). Actúa como intermediario entre el vendedor y el comprador, y su actividad está fuertemente regulada por leyes específicas (como la Ley 20.266 en Argentina y sus modificatorias, así como normativas provinciales) y también requiere matrícula en un colegio profesional.
El Concepto de Incompatibilidad Profesional
La incompatibilidad profesional se refiere a aquellas situaciones o el ejercicio simultáneo de actividades que, por su naturaleza, podrían generar conflictos de interés, afectar la independencia o la imparcialidad del profesional, o ir en detrimento de la ética y la probidad que se espera de él. Las leyes y códigos de ética de cada profesión suelen establecer taxativamente cuáles son estas incompatibilidades.
La información proporcionada distingue entre incompatibilidad actual y potencial. La incompatibilidad actual ocurre cuando la interferencia de intereses existe en el presente debido a actividades simultáneas o la posesión de ciertos intereses financieros. La incompatibilidad potencial se refiere a una situación donde, aunque no hay conflicto actual, es previsible que pueda surgir en el futuro dadas las circunstancias. Ambas son relevantes al analizar la posibilidad de ejercer dos profesiones.
Marco Regulatorio en Argentina
En Argentina, tanto la profesión de abogado como la de martillero público están reguladas por leyes nacionales y, fundamentalmente, por leyes provinciales y los reglamentos internos de los respectivos colegios o consejos profesionales. Son estas normativas las que suelen establecer las condiciones para el ejercicio, los derechos, las obligaciones y, crucialmente, las incompatibilidades.
La Ley 20.266 (modificada por Ley 25.028) regula el ejercicio de la actividad de Martillero y Corredor. Si bien establece requisitos para la matrícula, no contiene una prohibición general y absoluta para el ejercicio simultáneo con otras profesiones liberales como la abogacía, a menos que exista un conflicto de intereses directo en un caso particular o que la otra profesión (o el cargo que se desempeñe en ella) esté específicamente declarada incompatible por su propia normativa.
Por otro lado, las leyes que regulan el ejercicio de la abogacía en las distintas jurisdicciones (leyes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y los códigos de ética de los Colegios de Abogados, son la fuente principal de incompatibilidades para los letrados. Estas leyes suelen ser mucho más restrictivas, especialmente en relación con el desempeño de cargos públicos.
El Abogado como Funcionario Público: Una Distinción Clave
Aquí reside uno de los puntos más importantes para determinar la compatibilidad. Un abogado en ejercicio privado de la profesión no es, por el solo hecho de ser abogado, un funcionario público. Su relación es con sus clientes y el sistema judicial como auxiliar externo.
Sin embargo, un abogado *puede* ser un funcionario público si desempeña un cargo en el Poder Judicial (Juez, Fiscal, Defensor Público, Secretario, etc.), en el Poder Ejecutivo (Ministro, Secretario, director en áreas legales del Estado), o en el Poder Legislativo, que por ley o reglamento interno le exija el título de abogado y le imponga dedicación exclusiva o incompatibilidades con otras actividades profesionales.
Las leyes que regulan el ejercicio de la abogacía y las leyes orgánicas de los poderes del Estado suelen establecer incompatibilidades absolutas o muy restrictivas para los abogados que revisten el carácter de funcionario público. Por ejemplo, un Juez o un Fiscal no puede ejercer la abogacía en el ámbito privado, ni tampoco, en la gran mayoría de los casos, ejercer otra profesión como la de martillero público, ya que su cargo exige dedicación full-time, imparcialidad total y evita cualquier actividad que pueda poner en duda su independencia o generar la más mínima apariencia de conflicto de intereses.
Compatibilidad en el Ejercicio Privado
Considerando el marco legal general en Argentina, la respuesta a si un abogado *en ejercicio privado* puede ser también martillero público es, en principio, sí. No existe una incompatibilidad absoluta y general declarada por ley que impida a un profesional matriculado en ambas actividades desempeñarlas simultáneamente, siempre y cuando:
- Mantenga matrículas activas en los colegios correspondientes a cada profesión.
- Cumpla con las obligaciones y normativas específicas de cada actividad.
- Lo más importante: Evite rigurosamente cualquier situación concreta que configure un conflicto de intereses entre ambas roles.
Por ejemplo, un abogado no podría representar legalmente a una persona en un juicio ejecutivo y, al mismo tiempo, actuar como martillero para subastar los bienes embargados de esa misma persona en el marco de ese juicio. O un martillero que asesora a un cliente sobre el valor de un inmueble para una subasta no debería luego ofrecerle servicios legales relacionados con ese mismo bien si surge una disputa.
La clave está en la ética profesional y la capacidad del individuo para discernir y evitar situaciones donde los deberes fiduciarios de una profesión entren en colisión con los de la otra. Los códigos de ética de ambos colegios profesionales son fundamentales en este aspecto y pueden imponer pautas de conducta específicas.
Posibles Escenarios de Conflicto
Aunque el ejercicio simultáneo en el ámbito privado sea generalmente compatible, es vital ser consciente de los escenarios que podrían generar problemas:
- Subastas Judiciales: Un abogado que tramita un juicio (sucesorio, quiebra, ejecutivo) donde se ordena la subasta de bienes, no podría éticamente (y a menudo legalmente, según reglamentos judiciales) designarse a sí mismo como martillero para esa subasta, ni a alguien con quien tenga un vínculo estrecho que pudiera afectar la transparencia.
- Información Privilegiada: Utilizar información obtenida como abogado de un cliente para beneficiarse como martillero (o viceversa) sería una grave falta ética.
- Asesoramiento Dual: Asesorar a una persona tanto en aspectos legales como en la valuación o proceso de subasta de un bien en el mismo caso podría generar confusión en el cliente y posibles conflictos si los intereses en ambos planos no son idénticos.
- Manejo de Fondos: Ambas profesiones implican el manejo de fondos de terceros (expensas, adelantos, dinero de la subasta). La confusión o el manejo inadecuado de estos fondos, aunque sea accidental, puede acarrear severas sanciones en ambos colegios.
La transparencia con los clientes y la clara delimitación de en qué carácter se está actuando en cada momento son esenciales.
Tabla Comparativa: Roles y Posibles Intersecciones
| Aspecto | Abogado (Ejercicio Privado) | Martillero Público |
|---|---|---|
| Función Principal | Asesoramiento legal, representación judicial/extrajudicial, defensa de derechos. | Intermediación en ventas públicas (subastas), valuación de bienes, gestión de remates. |
| Relación con Clientes | Confidencialidad, deber fiduciario, defensa de intereses. | Intermediación transparente, deber de información, fidelidad al comitente (quien ordena la subasta). |
| Regulación Principal | Leyes provinciales de Ejercicio de la Abogacía, Códigos de Ética, Colegios de Abogados. | Ley 20.266/25.028, leyes provinciales, reglamentos de Colegios de Martilleros. |
| Incompatibilidad Común | Principalmente con cargos públicos en Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo. | Con ciertas funciones públicas (jueces, secretarios de juzgado, etc.) y con otras actividades comerciales incompatibles por ley específica. |
| Posible Intersección | Manejo de procesos judiciales que involucran subastas de bienes (sucesiones, quiebras, ejecuciones). | Realización de subastas ordenadas judicialmente o extrajudicialmente, tasación de bienes en contextos legales. |
| Riesgo Ético | Conflicto de intereses al representar partes con intereses contrapuestos. | Falta de transparencia, valuaciones incorrectas, manejo indebido de fondos. |
| Compatibilidad Mutua (Ejercicio Privado) | Generalmente compatible, evitando conflictos específicos. | Generalmente compatible, evitando conflictos específicos. |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Es necesario tener dos matrículas?
Sí, para ejercer legalmente ambas profesiones, debes obtener y mantener activa una matrícula en el colegio de abogados de tu jurisdicción y otra en el colegio de martilleros de tu jurisdicción.
¿Un abogado que trabaja en el Estado puede ser martillero?
En la gran mayoría de los casos, no. Los abogados que son funcionarios públicos suelen tener incompatibilidades totales o muy amplias con el ejercicio de cualquier otra profesión liberal o actividad comercial, incluyendo la de martillero público. Esto busca garantizar su dedicación exclusiva e imparcialidad en la función pública.
¿El Código de Ética de los abogados prohíbe ser martillero?
Generalmente, los códigos de ética de los colegios de abogados no prohíben *per se* ser martillero si se ejerce en el ámbito privado. La prohibición surge si la actividad de martillero genera un conflicto de intereses en un caso particular o si el abogado es un funcionario público con incompatibilidad declarada.
¿Puede un martillero dar asesoramiento legal?
No. Un martillero público no es abogado y no está habilitado para dar asesoramiento legal, redactar contratos que requieran título de abogado o representar a alguien en juicio. Esto constituiría ejercicio ilegal de la abogacía y acarrearía sanciones.
¿Qué hago si surge un posible conflicto de intereses?
Si ejerces ambas profesiones y se presenta una situación donde tus deberes u obligaciones en un rol podrían chocar con los del otro, debes abstenerte de intervenir en ese caso en alguno de los roles (usualmente, en aquel donde el conflicto es más agudo o donde tu intervención podría ser cuestionada). Ante la duda, es recomendable consultar al colegio profesional correspondiente o a un colega con experiencia.
Conclusión
En síntesis, para un abogado en ejercicio privado, la profesión de martillero público es, en términos generales, compatible en Argentina. Las normativas vigentes no establecen una prohibición absoluta para la simultaneidad. La clave para ejercer ambas actividades de manera ética y legal reside en mantener una estricta observancia de los códigos de ética de ambos colegios profesionales y, fundamentalmente, en identificar y evitar cualquier situación concreta que pueda generar un conflicto de intereses. La incompatibilidad más común y restrictiva para un abogado surge cuando este reviste el carácter de funcionario público, en cuyo caso, el ejercicio de la martillería (y de la abogacía privada) suele estar prohibido.
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